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El Mal Hermano

Para preocupación de muchos lojanos, existen varias irregularidades en el Registro de la Propiedad, que es hoy en día municipal, entre los que destacan: privilegios para funcionarios de la municipalidad, persecución a líderes políticos y ciudadanos a través de coactivas, y finalmente una ilegal partición extrajudicial en la que se beneficia el alcalde Castillo.

Debemos empezar  analizando que el actual registrador lleva un año encargado por el alcalde Castillo y que dudosamente, hasta la fecha  no ha convocado al concurso público tal y cual es mandatorio por el marco legal vigente.

Existen varios documentos que muestran claramente el hecho de que se otorgan privilegios a funcionarios, como por ejemplo al Director de Recursos Humanos. Patricio Cueva -primo del alcalde-, se le inscribe una planimetría, cuando eso no está permitido porque al resto de ciudadanos se les exige planos debidamente aprobados.

Hay casos mucho más graves donde se ha podido acceder a la “lista negra” del alcalde, donde ispone entrega de información para iniciar procesos coactivos en contra de familiares y allegados de activistas populares y políticos que piensan distinto al alcalde.

Pero el caso más reprochable  que hemos detectado es una partición extrajudicial inscrita sin requisitos y contrariando las normas legales, cuyo beneficiario directo es el mismo alcalde Castillo.

En ella tenemos:

–          Los herederos de la señora Rosario Vivanco (finada madre del alcalde), supuestamente se ponen de acuerdo para una partición extrajudicial de la casa familiar ubicada en la calle Mercadillo y Bernardo Valdivieso, sector San Sebastián, de esta ciudad de Loja.

–          A raíz del inesperado y lamentable fallecimiento del hermano del alcalde, Sr. Franco Castillo, se realiza este trámite de una manera poco clara y con varias imprecisiones.

–          Curiosamente el mismo día del fallecimiento del hermano del alcalde sucedido en la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, en la ciudad de Loja el apoderado del difunto hermano del alcalde comparecía a una notaría a ceder la cuota de la propiedad mencionada a favor de José Bolívar Castillo, supuestamente por una deuda que habría existido. La cuantía del bien inmueble es muy baja pese a la preferente ubicación en pleno centro de la urbe.

–          Con ese documento el alcalde de Loja ‘consolidaba’ la totalidad de la propiedad de la casa familiar y para poderla inscribir a su nombre en el registro de la propiedad debía obtener de la Alcaldía la autorización de partición judicial, como lo exige la ley. Siendo el alcalde Castillo en este caso juez y parte, la ley le obligaba a excusarse de actuar para ante el Concejo Municipal, siendo como era un trámite propio, sin embargo pese a esa prohibición legal increíblemente se emite él mismo dicha autorización de partición extrajudicial, siendo usuario y autoridad decisoria; siendo juez y parte, generando por ello un documento nulo.

–          El registrador de la propiedad no podía inscribir esta partición extrajudicial, por contener un documento nulo.

 

– Y más aún, el Registrador de la Propiedad inscribe esa partición un día antes de que se recaude el arancel registral, pese a que aquello está prohibido por la ley y las ordenanzas.

Aquí caben las preguntas ¿Por qué se le permite al alcalde Castillo acceder a un servicio sin que haya existido el pago previo? ¿Cómo es que el registrador de la propiedad inscribe un documento claramente nulo? ¿Cómo es que el registrador de la propiedad inscribe un documento sin requisitos? ¿Cómo es que el registrador de la propiedad INSCRIBE UNA PROPIEDAD SIN EL PAGO PREVIO DEL ARANCEL PERMITIENDO PAGOS AL DÍA SIGUIENTE? ¿Acaso la primera autoridad del cantón no debería darnos ejemplo a los lojanos de respeto a la ley? ¿Por qué estos privilegios ilegales en el registro de la propiedad a favor de los funcionarios municipales? ¿Acaso en Loja ya no existe el principio legal de autonomía registral del registrador?

 

Si esto se permite, se crea precedentes nefastos. En el futuro cualquier ciudadano podrá alegar este tipo de privilegios. En lo venidero ya se podrá autorizar inscripciones registrales sin que exista el pago previo, como lo dispone la ley.

granhermano

Y surgen más interrogantes.

¿Por qué el apuro ir a la notaría a transferir la parte que le correspondía a su hermano Franco Castillo el mismo día en que éste fallecía en una lejana ciudad? ¿Por qué el apuro de inscribir la propiedad el mismo día en que fallecía su hermano? ¿Si el Sr. Franco Castillo habría tenido la intención de ceder su parte en la casa familiar por una supuesta deuda por qué no hacerlo antes? ¿Dónde está el documento que respalda la existencia de esa deuda? ¿Por qué el señor Franco Castillo no reconoció la existencia de esa deuda, antes?

Son preguntas no contestadas y que nos dejan muchas más interrogantes.

– ¿Acaso ese inusual apuro y ese quebrantamiento de normas y procedimientos efectuado tanto en la notaría, en el municipio como en el registro de la propiedad, tenía la intención de no reconocer a los herederos de Franco Castillo sus derechos sobre la casa familiar de su padre?

¿Acaso ese inusual apuro y ese quebrantamiento de normas y procedimientos efectuado tanto en la notaría, en el municipio como en el registro de la propiedad, no tenía la intención de evadir el proceso de inventario entre el alcalde y los herederos de su hermano?.

¿Acaso ese inusual apuro y ese quebrantamiento de normas y procedimientos efectuado tanto en la notaría, en el municipio como en el registro de la propiedad, no tenía la intención de evadir el proceso de partición entre el alcalde y los herederos de su hermano, quienes tenían el derecho de participar en los derechos patrimoniales de su finado padre?.

¿Acaso funcionarios y servidores, notariales, municipales y registrales están al servicio de incumplir normas y procedimientos, o apurarlos con ligerezas, por ser el alcalde del Loja el usuario interesado?.

Pero quizás lo más grave en este caso en particular, es que parecería ser que el alcalde José Bolívar Castillo utilizando a la oficina de Catastros del municipio y al Registro de la Propiedad, logra que se le genere a la vivienda familiar un avalúo bastante bajo, con la clara pretensión de eludir impuestos. Aquí cabe otra pregunta ¿Puede un alcalde que elude impuestos y usa su poder e influencia para hacerlo, para beneficiarse, exigir al resto de ciudadanos que paguen sus impuestos? ¿O que paguen más impuestos, como lo ha venido haciendo de manera sistemática apenas en el primer año de su administración?

Ustedes saquen sus propias conclusiones.

 

Carlos Chalaco Armijos.

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