Ordenanzas

Observaciones para sesión del 25 de Agosto de 2014

Written by cachalaco

La convocatoria para sesión del 25 de agosto incluye algunos temas, entre los que destacan el segundo debate de la Ordenanza que regula la señalética de lo bienes inmuebles y del mobiliario urbano del cantón Loja. El texto completo puede descargarse en el siguiente enlace:

Reforma Señalética

Otro de los puntos a tratarse es la Reforma al Código Municipal de Higiene y Abasto, cuyo documento comparto a continuación:

HigieneyAbastos

El artículo 20 de este proyecto de ordenanza dice, En el segundo inciso del Art. 122, luego de la expresión “ferias libres”, agréguese:

“Los vendedores informales reubicados en los espacios de las ferias libres deberán dar buen trato al usuario, mantener el orden, la disciplina, evitar colectas o cuotas. Las agresiones físicas o verbales dentro o fuera de los recintos de las ferias libres, será sancionado conforme se estipula en este capítulo”, sin perjuicio de las acciones civiles, administrativas y penales, que pudieren derivarse de su comportamiento entre adjudicatarios y de estos con los usuarios”.

 El artículo 24: Art. m.- Sustitúyase el Art. 128 por el siguiente: “Los que incumplieren con lo dispuesto en el presente capítulo serán sancionados con multa de diez a veinte dólares americanos.

 Los vendedores ambulantes que por dos ocasiones hubieren sido reubicados por la administración municipal y hubieren desobedecido y/o incumplido con la disposición municipal, no podrán acceder a reubicaciones o adjudicaciones de puestos dentro de los mercados municipales, terminales terrestres, parqueaderos y otros”.

Art. 25.- Sustitúyase el Art. 129, por el siguiente: “Los vendedores que expendieren mercancías o productos al por mayor y menor desde sus vehículos en sitios y horarios que no sean fijados ni determinados por la Dirección de Higiene Municipal, serán sancionados pecuniariamente con una multa mínima de 50 dólares; y en caso de reincidencia con 100 dólares, sin perjuicio de suspender inmediatamente sus actividades”.

Todos estos artículos se contraponen a instrumentos internacionales de los que el Ecuador es signatario y además están en abierta contradicción a principios constitucionales. Es más existen algunas demandas de ordenanzas similares a la propuesta, que han merecido fallos favorables por acciones constitucionales, de modo que se ha sentado jurisprudencia. Mal haría este cabildo en aprobar normas que lejos de resolver el problema de ventas ambulantes busca castigar.

Declaración Universal de los Derechos Humanos:

Artículo 23: Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.

Estos artículos se contraponen a lo que manifiesta la Constitución de la República en:

Art.33.- “El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente derealización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones yretribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido aceptado”

Art. 323.- (…) Se prohíbe toda forma de confiscación

Art. 329.- (…) Se reconocerá y protegerá el trabajo autónomo y por cuenta propia realizado en espacios públicos, permitidos por la ley y otras regulaciones. Se prohíbe toda forma de confiscación de sus productos, materiales o herramientas de trabajo.

 El artículo 30 impone además normas que contravienen derechos individuales de las personas, al establecer normas que nada tienen que ver con los fines y espíritu de esta ordenanza.

 La disposición general primera, debería ser socializada. O especificarse en qué valores se incrementarán los cánones puesto que no puede tomarse decisiones arbitrarias de un momento a otro, en perjuicio de los vendedores y comerciantes de terminal terrestres, mercados y otros sectores, que la ordenanza determina.

 La disposición tercera no sólo es atentatoria a derechos constitucionales, sino que además intenta imponer por la fuerza una medida, cuando éstas ordenanzas deben responder a acuerdos mínimos entre las partes, sin adelantar criterios de que exista oposición.

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